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La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 ha comenzado. Tras la aprobación del Proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, el pasado 3 de abril el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presentó su presupuesto ante el Congreso de los Diputados , iniciando así una esperada tramitación parlamentaria, después de que los PGE de 2017 tuvieran que ser prorrogados ante la falta de consenso para sacar adelante unas nuevas cuentas.
Si bien es cierto que esta es la cita anual más importante del calendario legislativo, la particular situación política española aumenta sensiblemente el interés que suscita su tramitación. La minoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra en una situación de especial debilidad debido a su relación con Ciudadanos y, especialmente, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Garantizado el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos, la atención se centra ahora en el PNV, que se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno de la crisis catalana y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que amenaza al Ejecutivo con no apoyar los PGE.
La actualidad política de Cataluña y el devenir judicial del proceso independentista marcarán las posibilidades de éxito de unos presupuestos cuya aprobación garantizaría la estabilidad del Ejecutivo, como mínimo, hasta las próximas citas electorales de mayo de 2019 (Municipales, Autonómicas y Europeas).
El marco normativo de los PGE se encuentra comprendido en el artículo 134 de la Constitución Española, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus normas complementarias. Su elaboración es competencia del Gobierno, pero son las Cortes Generales las que someten el texto a examen, enmienda y aprobación.
El proceso de elaboración de los presupuestos es competencia exclusiva del Gobierno. Los Ministerios y las instituciones públicas dependientes de ellos son los encargados de diseñar las partidas presupuestarias en base a sus necesidades y al crédito disponible. El punto de partida se produjo en junio de 2017 con la aprobación de la Orden HPF/614/2017, que dictó las normas para la elaboración de los PGE para 2018.
Posteriormente, el Pleno del Congreso aprobó en julio el límite de gasto no financiero, con un aumento del 1,3% respecto al año anterior. Esa cifra marcó el punto de referencia sobre el cual el Gobierno ajustó las partidas presupuestarias hasta la aprobación del proyecto de ley de los PGE para 2018 el pasado 27 de marzo.
El proceso en las Cortes Generales implica la toma en consideración del proyecto de ley presentado por el Gobierno, seguido de comparecencias, enmiendas, debates y finalmente votaciones en el Pleno. La minoría parlamentaria del Gobierno en el Congreso hace que el texto esté más expuesto a modificaciones, ya que el Grupo Parlamentario Popular sólo cuenta con 134 de los 176 votos necesarios. En el Senado, sin embargo, el Gobierno tiene mayoría con 148 escaños de 266.
Según el calendario, la próxima semana se producirán las comparecencias en comisión de los distintos miembros del Ejecutivo, con el objetivo de explicar el fin y la motivación del diseño presupuestario del ámbito de su competencia. Además, el próximo viernes finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que mostrará el posicionamiento político de la oposición respecto al proyecto de ley. Los acontecimientos políticos que se sucedan durante los meses de tramitación marcarán las posibilidades de éxito de unos presupuestos que, en caso de no ser aprobados, dificultarán el devenir de una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria. Foto obtenida en la web del Congreso de los Diputados.
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